Proveedores mineros de San Juan advierten que el Tratado con Chile podría profundizar una brecha de costos de hasta el 50%
A menos de dos semanas de una reunión clave entre Argentina y Chile para avanzar en la reactivación del Tratado de Integración y Complementación Minera, empresarios sanjuaninos expresaron su preocupación por el impacto que podría tener la medida sobre la competitividad de los proveedores locales. Desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) sostienen que las actuales condiciones económicas generan una diferencia de costos de entre 40% y 50% respecto de Chile, lo que dejaría a las empresas argentinas en una situación de desventaja frente a futuros contratos vinculados a proyectos binacionales.
El próximo 7 de julio, las autoridades de ambos países volverán a reunir a las comisiones encargadas de administrar el tratado firmado en 1997, con el objetivo de agilizar el desarrollo de iniciativas mineras ubicadas en zonas fronterizas. La reactivación del mecanismo tiene especial relevancia para Vicuña, el distrito de cobre impulsado por Lundin Mining y BHP que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en la cordillera sanjuanina.
Mientras las compañías mineras consideran que el acuerdo puede facilitar la logística y el movimiento de personal, equipos e insumos entre ambos países, los proveedores locales advierten que el escenario económico actual podría favorecer a las firmas chilenas, según publicó el medio Tiempo de San Juan.
Según explicó el presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, el principal problema no radica en la capacidad técnica de las empresas sanjuaninas, sino en factores estructurales como la presión impositiva, los costos logísticos y el valor de los bienes de capital.
La entidad sostiene que las diferencias pueden observarse en distintos servicios utilizados habitualmente por los proyectos mineros de alta montaña. Como ejemplo, indicaron que el alquiler mensual de una camioneta 4x4 habilitada para operar en la cordillera ronda los US$ 1.700 más IVA en Copiapó, mientras que en San Juan el mismo servicio se ubica entre US$ 2.700 y US$ 3.000. Situaciones similares se registran en equipos especializados, como los camiones regadores, cuyos costos operativos serían considerablemente más bajos del lado chileno de la cordillera.
La preocupación de los empresarios sanjuaninos no es nueva. Desde hace más de un año distintos referentes del sector vienen alertando sobre el riesgo de que los grandes proyectos cupríferos en desarrollo recurran a proveedores extranjeros ante las diferencias de costos y escala. Incluso, otras organizaciones empresarias han planteado la necesidad de fortalecer mecanismos que garanticen una mayor participación de empresas locales en la cadena de valor minera.
En este contexto, el avance del proyecto Vicuña aparece como uno de los factores que reactivó el debate. La compañía busca operar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol como una unidad integrada, lo que requerirá una mayor coordinación logística entre Argentina y Chile. Para ello solicitó adecuaciones dentro del marco del tratado binacional que permitan agilizar el tránsito de recursos a través de la frontera.
Desde el sector proveedor sostienen que la integración minera puede representar una oportunidad para el desarrollo regional, pero remarcan que será necesario abordar las asimetrías económicas existentes para evitar que las empresas argentinas pierdan participación en uno de los ciclos de inversión minera más importantes previstos para la próxima década en la provincia.
¿Qué es el Tratado de Integración y Complementación Minera?
El Tratado de Integración y Complementación Minera fye firmado en 1997 por los presidentes Carlos Menem y Eduardo Frei Tagle. Dicho acuerdo no establece una integración tributaria ni un reparto de recursos minerales. Su objetivo es facilitar operaciones logísticas y administrativas para proyectos ubicados en zonas fronterizas de difícil acceso.
El tratado no modifica los límites territoriales, pero crea un área de operaciones unificada sujeta a "Protocolos Específicos" para cada proyecto. Asímismo, homologa y coordina normativas sobre aspectos laborales, tributarios, aduaneros y ambientales para agilizar el desarrollo de los yacimientos.
Cabe remarcar que este tratado nos invocado desde 2019 (fecha en que se dio la última reunión del comité binacional) y el objetivo en la reunión del próximo 7 de julio, es sentar las bases para una actualización del acuerdo.