La Rioja argumentó qué su reclamo de territorios de San Juan no es por regalías mineras, sino por soberanía
La tensión por los límites territoriales entre San Juan y La Rioja ha sumado un nuevo y complejo capítulo tras la reciente aprobación de una ley en la Legislatura riojana. Esta normativa oficializa el reclamo de la provincia sobre tierras que actualmente se encuentran bajo jurisdicción sanjuanina, facultando al gobernador Ricardo Quintela a avanzar por vías políticas y judiciales.
El trasfondo de esta disputa no es meramente cartográfico, sino que está estrechamente ligado al potencial minero de la región, específicamente al megaproyecto de oro y cobre Josemaría. Para las autoridades de La Rioja, la cuestión central es la "soberanía sobre recursos naturales estratégicos" que consideran propios por derechos históricos.
La posición riojana es tajante respecto a la ubicación de los yacimientos. Previamente, un diputado de esa provincia había señalado que Josemaría se encuentra en territorio que "San Juan le arrebató a La Rioja". Este proyecto se ubica en el norte sanjuanino, una zona que, junto con el Parque Provincial Ischigualasto, forma parte de la superficie que la nueva ley riojana reivindica.
El núcleo del conflicto legal se remonta a la Ley Nacional 18.004 de 1968, sancionada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. La Rioja rechaza esta norma argumentando que fue producto de un acuerdo entre gobernadores de facto sin ratificación legislativa. Además, recuerdan que en 1973 su propia Legislatura ya había anulado los decretos de la dictadura referidos a estos límites.
Frente a las críticas sobre la legalidad de su planteo, el secretario general de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, sostuvo en diálogo con Minería & Desarrollo que con el reclamo no están alterando límites unilateralmente, sino que buscan "formalizar una controversia histórica que considera pendiente". Afirmó que las provincias son preexistentes a la Nación y "no están obligadas a renunciar a sus títulos históricos simplemente porque durante décadas nadie haya querido discutirlos".
Uno de los argumentos más fuertes de La Rioja, es que el paso del tiempo no anula sus derechos.
"El verdadero dato político es que durante más de cincuenta años nadie mostró interés en resolver una cuestión que hoy algunos pretenden clausurar", señaló Herrera, comparando su postura con el reclamo por Malvinas, subrayando que "los derechos históricos no desaparecen porque transcurra el tiempo; desaparecen cuando se renuncia a ellos".
Respecto a la validez del Digesto Jurídico de 2014, que San Juan invoca como ratificación de los límites, La Rioja es crítica. El secretario de la Gobernación manifestó que "pretender que la Ley 26.939 resolvió una controversia histórica... es confundir un inventario con una sentencia". Para la provincia vecina, el Digesto solo ordenó normas preexistentes sin analizar los antecedentes territoriales en profundidad.
Herrera también se refirió a los cuestionamientos sobre si el reclamo es puramente recaudatorio y afirmó que los antecedentes invocados son muy anteriores a los proyectos mineros actuales.
"El planteo riojano no puede reducirse a una discusión sobre regalías porque las regalías son una consecuencia jurídica, no el objeto principal del conflicto. Antes de discutir porcentajes debe determinarse qué jurisdicción posee competencia territorial sobre las áreas involucradas. Quienes intentan convertir el debate en una mera disputa fiscal suelen omitir el dato central: la Constitución Nacional, en su artículo 124, vincula directamente recursos naturales y territorio. La pregunta correcta no es cuánto percibe una provincia. La pregunta correcta es quién posee legítimamente la competencia para decidir sobre esos recurso", señaló
"Lo que cambió no fue la historia; lo que cambió fue el valor económico del territorio en discusión", señaló.
En esta línea, el gobierno riojano vincula directamente los recursos con el territorio basándose en el artículo 124 de la Constitución Nacional. El funcionario sostuvo que la discusión no es por porcentajes de regalías, sino que "la pregunta correcta es quién posee legítimamente la competencia para decidir sobre esos recursos".
Sobre la seguridad jurídica para las inversiones, Herrera definió que tal seguridad no consiste en evitar debates incómodos, sino en resolverlos institucionalmente.
"Los mercados maduros y los sistemas jurídicos serios no se fortalecen ocultando controversias sino abordándolas mediante reglas claras", manifestó.
La disputa alcanza incluso a símbolos identitarios como Ischigualasto, en San Juan. El secretario afirmó que existen antecedentes históricos que deben ser analizados por autoridades competentes, aclarando que no pretenden "apropiarse de un símbolo identitario ajeno", sino que los patrimonios naturales "siguen la suerte jurídica del territorio" donde están.
La vía de resolución propuesta por La Rioja es la judicial. Consideran que acudir a la Corte Suprema de Justicia, que tiene competencia originaria en pleitos entre provincias según el artículo 117 constitucional, es la forma republicana de proceder. "Acudir a las instituciones no constituye una ruptura del diálogo", enfatizó Herrerea..
Asimismo, explicó que el objetivo riojanoo es que cualquier intercambio con legisladores nacionales se oriente a garantizar que la cuestión sea analizada con "objetividad, rigor histórico y respeto al federalismo".
El funcionario riojano señaló que su provincia "no busca generar incertidumbre ni reabrir conflictos sin fundamento" y que "toda solución duradera debe construirse sobre la base del diálogo, la documentación histórica" para lo cual deben apoyarse en los mecanismos previstos en la Carta Magna.
La contundente posición sanjuanina
Del otro lado de la frontera, todass las fuerzas politicas y sociales de San Juan se han alineado para defender los límites provinciales actuales, desde el gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el secretario de la gobernación Emilio Achem, los ministros de Minería y Producción, Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández, mostraron férreo rechazo al reclamo riojano.
"No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto. Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece. Con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, afirmó el gobernador Orrego.
M&D