Modificaron el Régimen de Inversiones Mineras en Argentina
El Gobierno argentino dio un paso decisivo para reactivar el sector minero mediante la publicación del Decreto 482/2026, que modfica la reglamentación vigente desde hace más de tres décadas. Esta medida busca adaptar el Régimen de Inversiones Mineras a las realidades productivas y tecnológicas actuales, con el firme objetivo de mejorar la competitividad de Argentina frente a otros mercados globales y simplificar la relación entre las empresas y el Estado.
De acuerdo a la información a la que accedió Minería & Desarrollo, esta modificación surge de la necesidad de actualizar un esquema que databa de 1993, el cual se consideraba obsoleto para los desafíos de la industria moderna. Bajo la premisa de la desregulación, el nuevo marco normativo se alinea con modificaciones previas realizadas en 2025, buscando eliminar trabas administrativas y fortalecer la seguridad jurídica para los capitales que decidan radicarse en el país.
Uno de los cambios más significativos es la agilización de las importaciones para el sector. Se eliminó el anterior sistema de autorizaciones previas y certificados manuales, reemplazándolo por una declaración jurada sobre el destino de los bienes. Este nuevo mecanismo se integra automáticamente con el sistema informático de la Aduana (Malvina) y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, permitiendo que el ingreso de maquinaria e insumos sea mucho más fluido.
En cuanto a la estabilidad fiscal, un beneficio clave que se otorga por 30 años, el decreto clarifica los plazos y requisitos para obtenerla. Ahora se establece que el beneficio rige desde el momento en que se presenta el estudio de factibilidad técnica y económica. Esto otorga una garantía legal inmediata a los inversores, permitiéndoles reclamar ante cualquier cambio en la carga tributaria que vulnere lo pactado inicialmente.
El nuevo régimen también pone el foco en la transparencia de los prestadores de servicios mineros. Para evitar irregularidades, se establecieron condiciones estrictas de inscripción y permanencia, como la obligación de demostrar que un porcentaje mínimo de su facturación proviene efectivamente de la actividad minera. Aquellos que no cumplan con estas normativas enfrentarán suspensiones o la baja directa del registro de beneficiarios.
Para potenciar la eficiencia operativa, la normativa amplió el límite de integración regional a 500 kilómetros. Esta modificación técnica tiene un impacto práctico directo: permite conectar yacimientos con plantas de beneficio que se encuentran a mayor distancia, facilitando la creación de cadenas productivas más extensas y competitivas en todo el territorio nacional.
Otro punto destacado para incentivar la actividad es la devolución acelerada del IVA en la etapa de exploración. Se simplificó drásticamente la documentación necesaria, limitándola a la presentación de facturas y comprobantes de pago. Además, las empresas ya no tendrán que notificar cada trabajo exploratorio antes de realizarlo, lo que agiliza el flujo de fondos hacia los proyectos en sus fases iniciales.
En materia de protección ambiental, el decreto armoniza la ley minera con la Ley General del Ambiente. Se promueve el uso del Seguro Ambiental Obligatorio (SAO) como una herramienta más eficaz que las antiguas previsiones contables. Con este cambio, se busca garantizar que existan fondos líquidos y disponibles para la remediación ambiental en caso de ser necesarios, elevando los estándares de seguridad en los proyectos.
La digitalización completa de los procesos es otra de las columnas vertebrales de esta reforma. A partir de ahora, es obligatorio para todos los inscriptos constituir un domicilio legal electrónico y realizar sus declaraciones juradas anuales a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Este esquema de control busca que el seguimiento de los proyectos sea transparente y que las notificaciones estatales sean instantáneas y válidas legalmente.
Finalmente, esta modernización reglamentaria pretende enviar una señal clara a los mercados internacionales sobre la previsibilidad del sector en Argentina.
M&D